El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la sanción administrativa contra la campaña presidencial de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro, tras comprobar irregularidades en la financiación y el manejo de los recursos.
La decisión fue adoptada por seis magistrados durante una sesión realizada el 29 de abril, en la que se rechazaron los recursos de reposición y apelación presentados por los implicados, dejando en firme las medidas impuestas.
De acuerdo con el tribunal electoral, la campaña superó los topes de gasto establecidos por la ley en más de 5.300 millones de pesos, sumando los excesos registrados entre la primera y la segunda vuelta. En la primera vuelta, se evidenciaron sobrecostos por 2.252 millones de pesos, además del ingreso de aportes provenientes de entidades jurídicas, lo cual está prohibido por la normativa electoral.
Entre las irregularidades también se identificaron pagos no autorizados, por lo que se ordenó la devolución de 165 millones de pesos.
El CNE sancionó al gerente de campaña, Ricardo Roa; a la extesorera Lucy Aydee Mogollón; y a la auditora María Lucy Soto Caro, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura.
Asimismo, el organismo remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles conductas de carácter penal relacionadas con la financiación de la campaña.
La investigación se inició en 2023 tras varias denuncias y fue admitida por la sala plena en noviembre de 2025. Con esta resolución, el proceso administrativo queda cerrado en el CNE; sin embargo, los sancionados aún pueden acudir a instancias judiciales para controvertir la decisión.
Este caso se convierte en un precedente en materia de control electoral en Colombia, al tratarse de una de las decisiones más relevantes sobre la financiación de campañas presidenciales en el país.
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