El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, avanza en la formulación de una propuesta orientada a fortalecer las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios del país.
La iniciativa contempla la posibilidad de garantizar remuneraciones equivalentes al salario mínimo legal vigente, así como el acceso a seguridad social y la cotización al sistema pensional para quienes participen en actividades productivas dentro de los centros de reclusión.
De acuerdo con el Ministerio, el objetivo principal es dignificar el trabajo penitenciario y consolidarlo como una herramienta efectiva de resocialización, que permita a las personas privadas de la libertad adquirir habilidades laborales, generar ingresos y facilitar su reintegración a la vida productiva una vez cumplida su condena.
El Gobierno sostiene que el fortalecimiento del trabajo intramural con condiciones formales podría contribuir a la reducción de la reincidencia y al cumplimiento de los fines constitucionales del sistema penitenciario, centrados en la resocialización y la reintegración social.
No obstante, la propuesta ha generado debate público en distintos sectores sociales, económicos y políticos. Algunos analistas advierten sobre los retos fiscales, operativos y de implementación del modelo, así como sobre la necesidad de garantizar condiciones de equidad frente a la situación del mercado laboral en el país.
El Ministerio de Trabajo ha indicado que la iniciativa se encuentra en etapa de análisis y construcción, y que será sometida a discusión con distintos actores institucionales, académicos y sociales antes de su eventual implementación.
Finalmente, el Gobierno reiteró que cualquier decisión en esta materia buscará equilibrar la justicia social, la sostenibilidad del sistema y los principios de resocialización establecidos en la legislación colombiana.
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