La senadora María Fernanda Cabal radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la primera denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, tras las recientes revelaciones sobre una posible infiltración de disidencias de alias ‘Calarcá’ en el Gobierno y en sectores de las Fuerzas Militares.
En su escrito, Cabal pide al organismo investigador esclarecer si el mandatario incurrió en los delitos de concierto para delinquir, traición a la patria y financiación irregular de campaña, esto último por presuntos apoyos provenientes de estructuras armadas ilegales durante la contienda presidencial de 2022.
Según la denuncia, en dispositivos electrónicos incautados a un cabecilla de las disidencias aparecen mensajes y anotaciones que referirían frases como “Petro presidente” y posibles gestiones relacionadas con el proceso electoral. De comprobarse su autenticidad, estos elementos podrían constituir una violación a las normas electorales y penales, debido a que los grupos armados al margen de la ley son fuentes prohibidas de financiación política.
El documento señala que, de ser ciertos los hechos, podría configurarse la conducta señalada en el artículo 396A del Código Penal, que sanciona la recepción de aportes provenientes de organizaciones ilegales. También plantea que pudo haber un eventual acuerdo o alianza entre el Gobierno y la estructura de alias ‘Calarcá’ para encubrir actividades ilícitas o derivar beneficios dentro de la política de “paz total”.
“Debe la Comisión darle trámite a esta denuncia. Petro no puede escapar a los efectos de la justicia”, afirmó Cabal tras formalizar el proceso.
Contexto general
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La denuncia surge luego de que autoridades incautaran dispositivos electrónicos a disidencias de las FARC, cuyo contenido abrió interrogantes sobre presutas interacciones con actores políticos durante la campaña de 2022.
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La Comisión de Acusación es la entidad encargada de investigar penalmente a los presidentes en ejercicio.
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Este hecho se suma a un clima político ya tenso, donde diferentes sectores han cuestionado la implementación de la política de “paz total” y su relación con grupos armados que continúan delinquiendo.
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