Lo que en su momento pareció un procedimiento rutinario terminó detonando un terremoto político. El 23 de julio de 2024, en un retén militar en Anorí (Antioquia), tropas del Ejército incautaron computadores, celulares y memorias USB pertenecientes a alias “Calarcá” (Alexander Mendoza Díaz), jefe del Frente 36 de las disidencias de las Farc, y a varios de sus hombres. El grupo se movilizaba en camionetas blindadas asignadas por la UNP y fue dejado en libertad horas después bajo la figura de “gestores de paz”.
Aunque los dispositivos quedaron en poder de la Fiscalía, durante dieciséis meses no se conocieron avances sobre su contenido. Todo cambió el sábado 23 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol hizo pública la información extraída tras casi un año de análisis: miles de chats, cartas, fotos y audios que, según el reportaje, evidenciarían la infiltración de estructuras criminales en instituciones del Estado.
Entre los nombres que aparecen en los registros destacan:
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General (r) Juan Miguel Huertas Hernández, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, reintegrado a la institución en 2023.
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Wilmar Antonio Mejía, uno de los funcionarios con mayor peso en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mencionado en los intercambios internos como “el Chulo”.
Las filtraciones han generado un intenso debate nacional y presiones sobre el Ejecutivo y la Fiscalía, en un momento en que varias bancadas reclaman explicaciones públicas y la apertura de investigaciones formales. El Gobierno, por su parte, no ha entregado aún un pronunciamiento detallado sobre el alcance real de los hallazgos divulgados por el medio.
La situación se perfila como uno de los desafíos institucionales más complejos para la administración Petro, con repercusiones que apenas comienzan a sentirse en los altos niveles del Estado.
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