En medio de un complejo panorama político y de seguridad, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmará este miércoles el decreto que convoca oficialmente a una consulta popular que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de 2025.
La decisión se mantiene pese al reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio, y a una creciente ola de hechos violentos que ha afectado a diversas regiones del país en los últimos días. De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, solo en los primeros diez días de junio se han registrado más de 30 actos violentos, incluyendo ataques terroristas en ciudades como Cali.
El decreto ha sido suscrito por la totalidad del gabinete ministerial, y fue elaborado bajo la coordinación del recién designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien argumentó que existen fundamentos jurídicos para avanzar con el mecanismo, debido a presuntas irregularidades en la votación del Congreso que negó previamente la convocatoria.
“Se trata de un instrumento legítimo de participación ciudadana. El Congreso cerró la votación en condiciones cuestionables, impidiendo la discusión de una impugnación presentada por la senadora María José Pizarro”, explicó el ministro Montealegre.
La firma del decreto está prevista para realizarse desde Cali o Bogotá, dependiendo de las condiciones de seguridad, y representa un paso definitivo en la estrategia del Gobierno Nacional para promover una agenda de reformas estructurales mediante la participación directa de la ciudadanía.
El presidente Petro reiteró su compromiso con la democracia participativa, a pesar del contexto actual. “La consulta es una herramienta constitucional. El pueblo tiene derecho a decidir sobre los temas que afectan su futuro”, afirmó en declaraciones recientes.
Por su parte, diferentes sectores políticos, incluidos mandatarios locales como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han expresado preocupación por el momento elegido para avanzar con la convocatoria, advirtiendo sobre el riesgo de mayor polarización en un país ya golpeado por la inseguridad y la incertidumbre institucional.
