En el Congreso de la República, una vez más, se habla de reducir el salario de los parlamentarios. Como un eco que resuena en cada legislatura, la idea de que los congresistas ganen menos de los $48 millones que reciben mensualmente vuelve a ser protagonista. Sin embargo, entre el debate y la discusión técnica, hay quienes prefieren desviar la atención.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sorprendió a la Comisión Primera con un ranking que nadie pidió pero que a muchos les convenía escuchar: los 20 funcionarios públicos con los salarios más altos del país. Y en esa lista, los congresistas no estaban en los primeros lugares. “El salario del congresista no es el más alto del Estado. Ni siquiera está entre los primeros 15”, argumentó.
Según el listado, el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras encabeza la tabla con un sueldo de $64,7 millones mensuales. Luego aparecen 11 altos cargos con ingresos de $55,3 millones, entre ellos el fiscal general, el contralor, el procurador y los magistrados de las altas cortes. El presidente de la República figura en la casilla 13 con $53 millones, y no es sino hasta el puesto 19 donde aparecen los congresistas.
Motoa no presentó el listado solo como un dato curioso. Su intención era clara: si se va a reducir el salario de los parlamentarios, ¿por qué no revisar también el de otros altos funcionarios? Un argumento que algunos ven como una estrategia para diluir la presión sobre los legisladores, quienes históricamente han sido señalados por recibir salarios desproporcionados frente al promedio de los colombianos.
El senador aseguró que, a pesar de todo, votará a favor de la reducción, que será discutida nuevamente el miércoles 2 de abril. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿será este otro intento fallido por ajustar los sueldos en el Congreso?
En la historia reciente, la propuesta ha sido un espejismo: se discute, se aplaude, se promete y luego se desvanece en tecnicismos y bloqueos políticos. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que sobrevive con el salario mínimo de $1’300.000, sigue viendo a sus representantes recibir decenas de millones sin que su calidad de vida mejore.
La discusión está abierta, pero la historia nos dice que no será fácil cambiar las reglas en un juego donde los jugadores son juez y parte.
