Por años, el departamento de Casanare ha sido testigo de promesas políticas que buscan transformar el campo, mejorar la producción agrícola y dignificar la vida de los campesinos. Sin embargo, entre 2017 y 2018, una de esas promesas se convirtió en una amarga decepción para más de 100 familias. Un proyecto de siembra de café, impulsado por la Gobernación de Casanare bajo la administración del Centro Democrático, terminó siendo un fracaso estrepitoso, dejando pérdidas millonarias y un sentimiento de injusticia que aún persiste.
Un proyecto con esperanza
La iniciativa contemplaba la siembra de 100 hectáreas de café en distintos municipios del departamento, entre ellos Nunchía. La Gobernación, a través de la Secretaría de Agricultura dirigida por Camilo Montagut Fernández, destinó recursos millonarios para que pequeños productores accedieran a material vegetal y asistencia técnica con el fin de fortalecer la caficultura en la región.
Para muchos campesinos, este proyecto representaba una oportunidad para diversificar sus cultivos y mejorar sus ingresos. Algunos invirtieron sus propios recursos, confiando en la viabilidad del programa y en el respaldo de las autoridades.
De la ilusión a la frustración
Pero pronto la esperanza se convirtió en preocupación. Wilder Ortiz Rincón, uno de los beneficiarios del programa, recuerda el momento en que recibió las plántulas de café. A simple vista, el material vegetal no parecía adecuado. “Eran plantas débiles, muchas llegaron enfermas y sin las condiciones necesarias para prosperar”, señala Ortiz, con impotencia.
Los campesinos siguieron las recomendaciones de los técnicos y sembraron sus parcelas con dedicación, pero con el paso de los meses el desastre se hizo evidente. Las plantas no crecían como se esperaba, algunas nunca florecieron, y otras murieron antes de alcanzar su madurez. El proyecto que debía fortalecer el agro terminó por convertirse en una carga económica para las familias que, lejos de recibir beneficios, sufrieron grandes pérdidas.
El silencio institucional y la lucha por justicia
Cuando los campesinos se dieron cuenta de que el proyecto estaba condenado al fracaso, acudieron a las autoridades. Se presentaron denuncias ante la Asamblea Departamental y la Procuraduría General de la Nación. Se exigieron respuestas, se señalaron responsabilidades y se pidió una solución para los afectados.
En su momento, la Procuraduría inició una investigación y determinó que hubo una mala ejecución del contrato. Se estableció un detrimento patrimonial de 850 millones de pesos, señalando como responsables a Camilo Montagut Fernández, a la interventoría y al contratista.
Sin embargo, lo que parecía un avance en la búsqueda de justicia se diluyó con el tiempo. El proceso fue precluido, lo que en la práctica significó que nadie fue sancionado y que los campesinos quedaron en el olvido. Para Ortiz y otros productores, la cifra real de las pérdidas podría superar los 3 mil millones de pesos, teniendo en cuenta no solo los recursos del Estado sino también el dinero que los propios agricultores invirtieron en el proyecto.
“Nos dejaron solos”
La sensación de impunidad es evidente en las palabras de Wilder Ortiz. “Si las investigaciones con pruebas claras se dejan vencer, ¿qué justicia podemos esperar?”, se pregunta con amargura. Mientras tanto, las familias afectadas siguen luchando por salir adelante, con deudas y sin la compensación que esperaban.
Los caficultores perjudicados insisten en que el caso debe ser reabierto, que se deben determinar responsabilidades y que nunca más se juegue con la esperanza de quienes ven en el campo su única forma de vida.
Para ellos, esta no fue solo una siembra fallida de café; fue la siembra de una profunda desconfianza en las instituciones que, en teoría, deberían velar por el bienestar de los campesinos.
denuncia de los campesinos afectados en Casanare
