Según información publicada por Blu Radio, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en contratos estatales y eventuales conductas de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, relacionadas con las denuncias del caso Deicy Jiménez.
La actuación busca identificar a los posibles responsables y precisar los hechos que serán objeto de revisión. Para ello, el organismo solicitó información al Congreso de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia —Dapre—, al Ministerio del Interior y a las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud.
Las cinco entidades deberán informar si suscribieron contratos con Jiménez desde 2019. En caso de existir esos vínculos, deberán entregar los documentos correspondientes, sus valores, las funciones contratadas, los nombres de los supervisores y el estado de ejecución.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría también solicitó a la revista Semana una copia de la entrevista que dio origen a las denuncias y ordenó escuchar en declaración a Jiménez y a Marco Emilio Hincapié.
De acuerdo con el reporte periodístico, las denuncias señalan un presunto intercambio de contratos públicos por relaciones sexuales. Estas afirmaciones son objeto de indagación y no constituyen hechos judicialmente probados.
La apertura de esta actuación preliminar no implica una declaración de responsabilidad ni la imposición de sanciones.
