La investigación por la presunta pérdida de materiales durante la administración del exalcalde de Recetor, Edgar Bernal, continúa generando interrogantes. Las actas del proceso de empalme con la exalcaldesa Leticia Palacios entran en escena.
Desde Heliconia Radio TV hemos abordado cuidadosamente este caso y, para comprender los hechos, hemos retrocedido en el tiempo hasta revisar la información relacionada con el proceso de empalme entre la exalcaldesa Leticia Palacios y su sucesor, Edgar Bernal.
Según la información conocida, en las actas de empalme se habría dejado constancia de la entrega de los materiales relacionados con el colegio Fernando Rodríguez, sede Recetor. Este documento resulta relevante para establecer qué elementos fueron recibidos, cuáles quedaron bajo responsabilidad de cada administración y qué ocurrió posteriormente.
Ante este panorama, surgen varios interrogantes: ¿por qué se pretende vincular a la exalcaldesa Leticia Palacios con estos hechos, si en las actas de empalme se habría registrado la entrega de los materiales? ¿Qué responsabilidad le corresponde a cada administración y qué elementos tiene la investigación para esclarecer lo sucedido?
La decisión judicial y la situación del exalcalde
Otro de los puntos que genera preguntas es la decisión judicial relacionada con la suspensión provisional de la inhabilidad que afectaba al exalcalde Edgar Bernal, según la información suministrada sobre el caso.
De acuerdo con lo expuesto por su defensa, el exmandatario tiene derecho a ejercer su defensa y controvertir las actuaciones dentro del proceso. Sin embargo, es fundamental precisar que una decisión sobre una medida provisional no significa, por sí sola, que la investigación haya terminado ni que se haya declarado su inocencia o responsabilidad.
Por ello, es necesario diferenciar entre la suspensión de una medida provisional, la continuidad de una investigación y una eventual decisión definitiva de las autoridades competentes.
¿Busca el exalcalde deslindar responsabilidades?
La controversia plantea un interrogante político y jurídico: ¿se están intentando trasladar responsabilidades a la administración anterior o será la investigación la que determine qué ocurrió realmente con los materiales?
Cualquier señalamiento contra Edgar Bernal o Leticia Palacios debe sustentarse en documentos y pruebas verificables. La responsabilidad individual tendrá que establecerse conforme a las actuaciones y decisiones de las autoridades competentes.
Explicación paso a paso del recurso de apelación de la Contraloría contra Édgar Bernal
He revisado el documento “RECURSO CONTRALORÍA.pdf”, que contiene 11 páginas. Te lo voy a explicar en lenguaje sencillo, desde el punto de vista jurídico y periodístico, para que puedas comprender qué está defendiendo la Contraloría, qué argumentos presenta contra el exalcalde de Recetor, Édgar Yesid Bernal Gallego, y qué significa esto para el proceso.
1. ¿Qué documento es este?
Tipo de documento: Recurso de apelación.
Quién lo presenta: La Contraloría General de la República, por medio de su abogado Anderson Enrique Jaimes Parada.
Contra qué decisión: El auto del 18 de junio de 2026 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal.
Proceso: 85001-3333-001-2026-00064-00.
¿Qué significa en palabras sencillas?
La Contraloría no está de acuerdo con la decisión del juzgado que suspendió provisionalmente los efectos de un fallo que había declarado responsable fiscalmente a Édgar Bernal.
Por eso, le pide al Tribunal Administrativo de Casanare que revoque esa decisión y permita que vuelvan a tener efectos los actos administrativos cuestionados.
Es importante distinguir dos cosas: este documento no es una nueva condena contra Bernal ni es la decisión final del Tribunal. Es el escrito con el que la Contraloría defiende su actuación y solicita que se cambie una decisión judicial.
2. ¿Cuál es el origen del caso?
El asunto se relaciona con unos materiales de construcción entregados al municipio de Recetor para la Institución Educativa Fernando Rodríguez.
Según los argumentos expuestos por la Contraloría, el problema consiste en determinar qué ocurrió con esos materiales, quién debía controlarlos y custodiarlos, y a quién se le puede atribuir el presunto daño al patrimonio público.
La discusión tiene como antecedente la entrega inicial de los materiales en 2019 y su posterior manejo durante la administración de Édgar Bernal, entre 2020 y 2023.
2019
Primera etapa: entrega de los materiales.
La Contraloría menciona un acta del 1 de noviembre de 2019, suscrita entre la Unidad para las Víctimas y el municipio de Recetor.
2020
Segunda etapa: disponibilidad y manejo.
Se menciona el acta 0012 del 16 de julio de 2020, relacionada con la entrega de las llaves de dos salones utilizados como bodega para almacenar los materiales.
2025
Tercera etapa: fallo de responsabilidad fiscal.
El documento señala que el 9 de mayo de 2025 se declaró responsable fiscalmente a Édgar Bernal. El 28 de agosto de 2025, mediante el Auto 508, se confirmó esa decisión al resolver un recurso de reposición.
2026
Cuarta etapa: suspensión provisional y apelación.
El juzgado suspendió provisionalmente los efectos de esos actos y la Contraloría presentó la apelación que estamos analizando.
Estas fechas corresponden a las actuaciones que describe el documento; no constituyen por sí solas una verificación independiente de todo el expediente.
3. ¿Por qué el juzgado suspendió provisionalmente el fallo contra Bernal?
Este es uno de los puntos más importantes del documento.
En las páginas 1 y 2, la Contraloría reproduce los argumentos que utilizó el Juzgado Primero Administrativo de Yopal para suspender provisionalmente los actos administrativos.
El juzgado consideró que la Contraloría habría omitido vincular al proceso fiscal a la exalcaldesa Leticia Palacios, pese a que los hechos investigados también podían justificar que se examinara su posible responsabilidad.
El razonamiento del juzgado fue el siguiente:
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Los materiales se habían entregado inicialmente en 2019.
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Era necesario examinar quién tenía responsabilidades sobre su recepción, registro, custodia y control en las distintas etapas.
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No podía afirmarse categóricamente, en esa etapa preliminar, que el daño se hubiera producido exclusivamente durante el gobierno de Édgar Bernal.
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La omisión de vincular a otra posible responsable podía afectar el debido proceso y el derecho de defensa de Bernal.
Por esas razones, el juzgado suspendió provisionalmente los actos administrativos demandados.
¿Qué significa esto?
El juzgado no declaró definitivamente que Bernal fuera inocente ni que Leticia Palacios fuera responsable. Consideró que existían razones para suspender temporalmente los efectos de las decisiones fiscales mientras se resolvía el litigio.
4. ¿Qué argumenta la Contraloría para oponerse a esa suspensión?
En las páginas 2 a 4, la Contraloría sostiene que el juzgado no debió conceder la medida cautelar porque, según su interpretación, no estaban demostrados los requisitos legales necesarios.
Estos son sus principales argumentos:
Argumento 1. No se habría demostrado una ilegalidad evidente.
La Contraloría afirma que para suspender provisionalmente un acto administrativo deben existir fundamentos suficientes que permitan identificar la infracción normativa, mediante la confrontación del acto con las normas aplicables o el análisis de las pruebas correspondientes.
Argumento 2. Debe protegerse el patrimonio público.
Sostiene que suspender el fallo fiscal afecta la posibilidad de hacer efectivo el resarcimiento de los recursos públicos que, según la decisión administrativa, resultaron afectados.
Argumento 3. La controversia requiere examinar el expediente completo.
La entidad afirma que no basta con los argumentos de la demanda para concluir que el fallo fiscal es ilegal. En su criterio, el análisis integral de las pruebas corresponde al estudio judicial del caso.
Argumento 4. No se habría probado un perjuicio irremediable.
La Contraloría considera que no se demostró que negar la suspensión causara un daño irreversible ni que una sentencia favorable a Bernal fuera a perder su utilidad.
En resumen, la entidad dice: no hay razones suficientes, a su juicio, para detener provisionalmente el fallo fiscal antes de que se estudie a fondo la controversia.
5. ¿Qué dice la Contraloría específicamente sobre los materiales de construcción?
Este es el núcleo de la defensa de la Contraloría y uno de los aspectos más relevantes para tu trabajo periodístico.
En las páginas 4 y 5, la entidad intenta demostrar que, aunque los materiales se habían entregado inicialmente en 2019, durante la administración de Bernal existían obligaciones de control y custodia.
Presenta cuatro argumentos principales.
A. Existía un acta de entrega de 2019
La Contraloría cita un documento fechado el 1 de noviembre de 2019, relacionado con la entrega de materiales para construcción entre la Unidad para las Víctimas y el municipio de Recetor.
Lo que busca demostrar: que los materiales fueron entregados al municipio antes de la administración de Bernal.
Sin embargo, la existencia de esa acta no resuelve por sí sola quién tuvo la custodia efectiva de cada material, qué cantidades permanecían disponibles ni cuándo se produjo el eventual faltante.
B. Existía un acta sobre las llaves de la bodega en 2020
La entidad menciona el acta 0012 del 16 de julio de 2020. Según la transcripción incluida en el recurso, las llaves de dos salones destinados al almacenamiento de materiales fueron entregadas a una funcionaria de la administración municipal.
Lo que busca demostrar la Contraloría: que durante el gobierno de Bernal la administración municipal tuvo acceso a los lugares donde se almacenaban los materiales.
Hay una precisión importante: el documento citado se refiere a la entrega de llaves. Para establecer qué materiales había en la bodega, quién los recibió formalmente y cuáles fueron utilizados, es necesario examinar también los inventarios, las actas completas y los demás soportes.
C. Se refiere a testimonios sobre la apertura de la bodega
La Contraloría cita el testimonio de Nubia Yaqueline Carreño y señala que, aproximadamente desde marzo de 2020, se abrieron los salones donde estaban los materiales, que supuestamente fueron utilizados y redistribuidos para otras obras y veredas.
¿Por qué es importante?
Porque la entidad sostiene que el manejo de los materiales durante la administración de Bernal no puede analizarse únicamente a partir de la entrega inicial de 2019.
No obstante, que unos materiales hayan sido trasladados o utilizados no demuestra, por sí solo, que su utilización fuera irregular. Para determinarlo hay que establecer su destino autorizado, las cantidades utilizadas, los registros existentes y el eventual daño patrimonial.
D. Afirma que el alcalde debía controlar los bienes municipales
La Contraloría invoca el artículo 315 de la Constitución y el Decreto 010 de 2004 de la Alcaldía de Recetor para sostener que el alcalde debía dirigir la administración municipal y garantizar el control sobre los bienes públicos.
Su argumento es que, incluso si los materiales no se hubieran recibido con todas las formalidades de inventario en 2019, la administración entrante debía adoptar medidas para identificarlos, registrarlos y establecer su destino.
En conclusión: la Contraloría busca sostener que una eventual falta de formalización inicial no eliminaba automáticamente las obligaciones de control durante la administración siguiente. Que esas obligaciones se hayan incumplido y que ello haya causado un daño atribuible a Bernal es una cuestión que debe determinarse con las pruebas.
6. ¿Qué responde la Contraloría frente al argumento de que debió vincularse a Leticia Palacios?
En la página 5, la Contraloría presenta uno de sus argumentos jurídicos centrales.
Su posición es que un proceso de responsabilidad fiscal puede continuar respecto de un gestor fiscal sin que necesariamente deban vincularse todas las personas que pudieron tener alguna relación con los hechos.
La entidad sostiene que la responsabilidad debe analizarse según las funciones de cada persona y el momento en que se produjo el daño.
Así, plantea dos posiciones enfrentadas:
Debía examinarse la posible participación de la exalcaldesa.
Si otras personas pudieron tener responsabilidad en la recepción, el registro o el control de los materiales, su omisión en el proceso podía afectar el análisis del daño y el derecho de defensa de Bernal.
La eventual responsabilidad de otra persona no excluye automáticamente la de Bernal.
La entidad sostiene que había pruebas para atribuirle deberes de control durante su administración y que el proceso podía avanzar respecto de él sin que fuera obligatorio vincular a todos los posibles responsables.
Esta es una controversia jurídica que deberá resolverse a partir de las normas aplicables y las circunstancias acreditadas en el expediente.
Importante: el recurso no demuestra que Leticia Palacios sea responsable fiscalmente. Tampoco demuestra, por el solo hecho de presentar estos argumentos, que Bernal deba responder definitivamente por el daño. La Contraloría está defendiendo su decisión administrativa, mientras el juzgado identificó una posible irregularidad procesal.
7. ¿Qué importancia tiene el artículo 231 del CPACA?
Entre las páginas 3 y 9, la Contraloría cita reiteradamente el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Este artículo regula los requisitos para decretar determinadas medidas cautelares en los procesos contencioso-administrativos.
En términos sencillos, la discusión gira en torno a si existían motivos jurídicos y probatorios suficientes para suspender temporalmente los actos administrativos.
La Contraloría considera que el juzgado no justificó adecuadamente esa decisión. En particular, cuestiona la valoración de la presunta ilegalidad, la ponderación del interés público y la necesidad de la medida.
La entidad también argumenta que los perjuicios económicos podrían repararse si la sentencia definitiva favoreciera a Bernal y que, por eso, no se acreditó un perjuicio irremediable.
Aquí hay una distinción fundamental: la suspensión provisional no es lo mismo que la nulidad definitiva del acto administrativo.
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Suspensión provisional: detiene temporalmente los efectos de un acto mientras se resuelve la controversia, en los términos de la decisión judicial.
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Nulidad definitiva: requiere una decisión de fondo que determine que el acto debe ser anulado.
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Confirmación o revocatoria de la medida cautelar: es lo que busca obtener la Contraloría mediante esta apelación.
La entidad solicita que se revoque la suspensión, pero el documento no contiene la decisión del Tribunal sobre esa petición.
8. ¿Qué significa que Bernal estuviera en el Boletín de Responsables Fiscales?
En las páginas 3 y 11 aparece una cuestión importante: el registro de Bernal en el Boletín de Responsables Fiscales.
La Contraloría argumenta que la inclusión en ese boletín es una consecuencia legal del acto administrativo ejecutoriado y que, por sí sola, no constituye un perjuicio irreparable.
Sin embargo, el juzgado ordenó suspender provisionalmente también ese registro, hasta que se profiriera una decisión de fondo en el proceso judicial.
Esto significa que la suspensión ordenada por el juzgado comprendía dos asuntos:
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Los actos administrativos que declararon y confirmaron la responsabilidad fiscal de Bernal.
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Su registro en el Boletín de Responsables Fiscales.
La consecuencia práctica depende del alcance y cumplimiento de la orden judicial. Para afirmar cuál es su situación actual en el boletín, sería necesario consultar una certificación o registro actualizado, así como verificar si el Tribunal ha decidido la apelación.
No debe confundirse la suspensión de los efectos de un fallo fiscal con una declaración definitiva de inocencia.
9. ¿Qué le pide exactamente la Contraloría al Tribunal Administrativo de Casanare?
En la página 11 se encuentra la petición formal del recurso.
La Contraloría solicita que el Tribunal revoque el auto del 18 de junio de 2026 que había ordenado suspender provisionalmente los efectos del fallo fiscal y el registro de Bernal en el boletín correspondiente.
En otras palabras, pretende que se deje sin efecto la medida cautelar concedida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal.
La entidad también solicita que se tenga como prueba el expediente administrativo del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80853-2021-40047.
¿Qué puede pasar después?
Escenario 1. El Tribunal concede la apelación.
Si revoca la suspensión, los actos administrativos podrían recuperar sus efectos, según lo que disponga la providencia y las condiciones jurídicas aplicables. Esto no equivale a una sentencia definitiva sobre la demanda de nulidad.
Escenario 2. El Tribunal mantiene la suspensión.
Si confirma la medida cautelar, los efectos de los actos impugnados seguirían suspendidos en los términos establecidos por el juez, mientras se tramita el proceso, salvo una modificación judicial posterior.
Escenario 3. Continúa el proceso de nulidad.
Independientemente de la discusión sobre la medida cautelar, queda por resolverse la controversia de fondo: si los actos administrativos que declararon la responsabilidad fiscal de Bernal son legales.
Estos son escenarios posibles, no resultados confirmados. El recurso analizado no permite saber cuál fue la decisión posterior del Tribunal.
10. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debería investigar un periodista?
Para una investigación de Heliconia Radio TV, recomiendo concentrarse en las siguientes preguntas, porque permiten contrastar los argumentos de las partes sin anticipar conclusiones.
1. ¿Qué materiales fueron entregados realmente?
Solicitar el acta del 1 de noviembre de 2019, el inventario detallado, las cantidades, las especificaciones y el valor de los bienes.
2. ¿Qué ocurrió con los materiales durante 2020-2023?
Verificar entradas y salidas de almacén, actas de entrega, órdenes de traslado, registros contables, fotografías y documentos sobre su utilización en obras.
3. ¿Qué responsabilidad correspondía a cada administración?
Examinar las actas de empalme entre Leticia Palacios y Édgar Bernal, las observaciones de cada parte y las funciones específicas de los funcionarios responsables de los bienes.
4. ¿Cómo calculó la Contraloría el presunto daño patrimonial?
Identificar el monto exacto, la metodología de valoración, los bienes faltantes o no justificados y la relación causal entre los hechos y el daño declarado.
5. ¿Qué decidió finalmente el Tribunal?
Obtener la providencia que resolvió la apelación y verificar si la suspensión fue confirmada o revocada, así como el estado actual del proceso de nulidad.
11. Una observación importante sobre el documento
En la página 1 hay una inconsistencia de fechas: el escrito menciona un auto del 18 de junio de 2026, pero indica que fue notificado mediante estado del 19 de junio de 2025. Las fechas no coinciden y conviene verificar el original de la notificación o el expediente antes de afirmar que el recurso fue presentado oportunamente.
Además, el documento es un escrito de la Contraloría: recoge sus argumentos, las razones del juzgado y la petición de revocar la medida. No contiene, en las 11 páginas examinadas, una decisión del Tribunal que resuelva la apelación.
Conclusión general
El punto central de este caso no es solamente que los materiales se entregaron en 2019 o que se encontraron bajo disponibilidad de la administración municipal en 2020. La controversia consiste en establecer qué pasó con los materiales, cuándo se produjo el eventual daño patrimonial, quién tenía las obligaciones de control y si la Contraloría respetó el debido proceso al declarar responsable fiscalmente a Édgar Bernal.
El juzgado consideró que la falta de vinculación de la exalcaldesa podía afectar el debido proceso y suspendió provisionalmente los actos administrativos. La Contraloría, por su parte, sostiene que Bernal tenía obligaciones propias de control durante su administración y que no era obligatorio vincular a todos los posibles responsables para continuar el proceso contra él.
La respuesta definitiva requiere conocer la decisión del Tribunal y examinar las pruebas completas.
