El Gobierno nacional expidió el Decreto 1525 de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021 y establece nuevos criterios para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas. La medida busca proteger la protesta pacífica, atender hechos de violencia y garantizar los derechos de quienes no participan en las movilizaciones.
Según la información suministrada, uno de los principales cambios corresponde a la evaluación de los bloqueos viales. La obstrucción de una carretera no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Las autoridades deben considerar su duración, la disponibilidad de rutas alternas, el paso de vehículos de emergencia y las afectaciones al abastecimiento y a terceros.
La regulación también precisa la intervención frente a conductas violentas. El diálogo continúa como una herramienta central, pero las actuaciones dirigidas contra quienes ejecuten estos hechos pueden desarrollarse sin esperar a que concluyan todas las etapas de mediación. La respuesta debe distinguir entre los responsables de la violencia y las personas que se manifiestan pacíficamente.
Entre los escenarios descritos en el material suministrado figuran el uso de armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas y las agresiones contra civiles, servidores públicos, periodistas y misiones médicas.
La expedición del decreto abre una discusión sobre su aplicación y el equilibrio entre la protesta pacífica, la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios esenciales. El principal desafío para las autoridades será justificar sus decisiones y aplicar medidas proporcionales, sin extender la intervención de manera indiscriminada a toda una movilización.
