Una vez más, la Asamblea Departamental de Casanare le da la espalda a la aprobación de los recursos de superávit, que sumarían 133 mil millones de pesos para atender a sectores vulnerables. Cuatro veces se ha frenado la iniciativa y cuatro veces queda la sensación de que no se trata de una discusión técnica ni presupuestal, sino de un pulso político que pone en jaque el futuro del departamento.
En los pasillos de la Asamblea, y en no pocos tomaderos de café, se escucha con insistencia un rumor: que detrás de la negativa estaría Presuntamente el interés político del exgobernador Alirio Barrera, quien, según versiones, buscaría debilitar la gestión del actual mandatario César Ortiz Zorro, con el objetivo de allanar su camino para regresar a la Gobernación.
La pregunta es inevitable: ¿Qué pesa más, los intereses de los ciudadanos o las ambiciones personales y partidistas? Si se sigue frenando la inversión en salud, educación, infraestructura y programas sociales, lo que se bloquea no es al Gobernador de turno, sino a toda la población casanareña.
El superávit no es un regalo, no es una dádiva política: es el dinero del pueblo que debe regresar en obras y programas. Cualquier maniobra que impida su ejecución termina siendo un golpe directo a la confianza ciudadana y una muestra de cómo la política tradicional sigue sacrificando el bienestar colectivo por cálculos electorales.
El reto para la ciudadanía es claro: no dejar pasar en silencio estas decisiones. Nombrar a los responsables, exigir transparencia y recordar que, tarde o temprano, la factura política llega.
Porque si Casanare pierde, no pierde un gobernador: pierde la gente.
About the Author
