Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la
Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida
aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia
de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado
de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias
de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con
el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera
presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el
entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un
apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de
Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD,
respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente
llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente
le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también
fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada
de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
