Gobierno de De La Espriella pone fin a diálogos de paz y espacios sociojurídicos heredados de la administración anterior
El Ejecutivo anunció el cierre de las mesas con el ELN y otras estructuras armadas y criminales. Según el Gobierno, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de $7.000 millones únicamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores.
Bogotá, 11 de septiembre de 2026. El Gobierno nacional confirmó la terminación de los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que, según el Ejecutivo, no produjeron resultados suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento efectivo a la justicia.
La decisión responde a la línea trazada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien desde el inicio de su mandato ha señalado que su administración no mantendrá mesas con organizaciones que continúen desarrollando actividades violentas o criminales. El Gobierno ya había expedido actos administrativos para poner fin a varios de estos escenarios y había ordenado avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.
La determinación cobija los procesos relacionados con estructuras del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, los grupos identificados con los nombres de Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, así como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
También se dan por concluidos los espacios sociojurídicos adelantados con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Además, el Ejecutivo anunció el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Más de $7.000 millones en honorarios
Uno de los puntos que más controversia ha generado es el costo de estos mecanismos. Según cifras divulgadas por el Gobierno, durante los cuatro años de la administración anterior se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores.
El Ejecutivo precisó que ese monto no incluiría otros costos, como esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos asociados al funcionamiento de los procesos. La cifra corresponde a información presentada por la actual administración y deberá distinguirse de otros recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
“Se acabó la falsa paz”
De La Espriella ha denominado estos procesos como parte de una “falsa paz”, expresión política utilizada por su Gobierno para cuestionar la estrategia de negociación de la administración anterior. En una declaración reciente afirmó que no permitirá que las mesas sirvan para prolongar actividades criminales o conseguir impunidad.
La nueva política del Ejecutivo establece que quienes tengan una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán acudir a los mecanismos legales de sometimiento a la justicia.
Para quienes continúen ejecutando acciones violentas, la posición del Gobierno es distinta: serán enfrentados mediante operaciones de la Fuerza Pública dentro del marco constitucional y legal. El Presidente ya había señalado que, bajo su administración, el sometimiento judicial reemplazará las negociaciones políticas con las estructuras que el Gobierno considera criminales.
Así, el Gobierno de De La Espriella marca una ruptura definitiva con la denominada política de “paz total” de la administración anterior y apuesta por una estrategia fundamentada en seguridad, autoridad, justicia y sometimiento a la ley.
