Juliana Guerrero, una de las jóvenes más cercanas y defendidas por Gustavo Petro durante su gobierno, terminó condenada a tres años por fraude procesal tras el escándalo de los títulos universitarios falsos.
Y su historia en el poder sigue generando interrogantes. Durante el gobierno Petro hubo denuncias sobre la enorme influencia que habría alcanzado dentro de la Casa de Nariño y sobre fuertes disputas internas entre funcionarios.
Ahora queda claro que no se trataba precisamente de una “santa paloma”: pasó de moverse en las altas esferas del poder a admitir su responsabilidad ante la justicia.
¿Quién le dio tanto poder? ¿Quién la respaldó y por qué llegó tan lejos dentro del Gobierno?
🔥 Colombia merece conocer toda la verdad sobre cómo funcionaban esos círculos de poder.
Atención Colombia. Continúa generando polémica el caso de Juliana Guerrero, una joven funcionaria que alcanzó notoriedad dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro y que terminó condenada por el escándalo de los títulos universitarios falsos.
Durante varios meses, Guerrero estuvo rodeada de controversias por su cercanía con altos funcionarios, por viajes realizados en aeronaves oficiales, por cuestionamientos sobre su influencia dentro de la Casa de Nariño y, posteriormente, por las dudas sobre los títulos académicos que presentó para aspirar al Viceministerio de Juventudes.
El presidente Gustavo Petro salió públicamente en su defensa en diferentes ocasiones. En uno de los episodios la describió como una joven “activa y rebelde” y también defendió uno de sus desplazamientos en aeronaves oficiales, argumentando que se trataba de una misión relacionada con funciones del Gobierno.
Más adelante, cuando surgieron cuestionamientos sobre sus estudios universitarios, Petro volvió a respaldarla y llegó a afirmar que no estaba demostrado que Guerrero no hubiera estudiado en la institución que expidió sus títulos.
Sin embargo, el panorama cambió cuando la Fundación Universitaria San José anuló los títulos que aparecían a nombre de Guerrero y posteriormente la justicia avanzó en el proceso.
Finalmente, Juliana Guerrero admitió haber cometido fraude procesal relacionado con la documentación presentada para aspirar al cargo público, y un juez avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, imponiéndole una condena de 36 meses de prisión.
Además, alrededor de Guerrero han surgido otras denuncias relacionadas con presunta influencia dentro del Gobierno y posibles irregularidades en contratación. Varias de estas acusaciones continúan bajo investigación y no constituyen condenas.
También circularon rumores sobre una supuesta relación sentimental con el presidente Petro, versiones que no han sido comprobadas y que fueron negadas públicamente, por lo que deben tratarse únicamente como señalamientos y no como hechos.
El caso vuelve a abrir preguntas sobre cómo una funcionaria con poca trayectoria logró alcanzar tanta visibilidad e influencia dentro de uno de los círculos más cercanos al poder y por qué recibió respaldo político incluso mientras crecían los cuestionamientos.
