La esperada ley de «borrón y cuenta nueva», una iniciativa que prometía aliviar la situación financiera de más de siete millones de colombianos reportados negativamente en centrales de riesgo como Datacrédito, ha sido archivada en el Congreso de la República. La decisión, que generó fuertes críticas desde diversos sectores, se atribuye a la falta de agendamiento del proyecto por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.
El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, uno de los principales defensores de la iniciativa, expresó su profunda preocupación y cuestionó la actuación de la Mesa Directiva, señalando que se priorizaron los intereses del sector bancario sobre las necesidades de la ciudadanía.
«A la mesa directiva no le importaron 7 millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por 500 pesos, por 5 mil pesos o por 10 mil pesos», afirmó el congresista [1].
Ocampo fue enfático al asegurar que «fue más fuerte el lobby de Asobancaria que la necesidad del pueblo colombiano» y recordó que el proyecto había superado su debate desde agosto del año anterior, por lo que solo restaba su agendamiento para continuar su trámite legislativo [1].
Impacto para los Ciudadanos
El hundimiento de esta ley significa que millones de colombianos continuarán afectados por los reportes negativos en las centrales de riesgo. La iniciativa buscaba permitir que las personas que se pusieran al día con sus obligaciones financieras pudieran salir de las bases de datos de manera más expedita, facilitando así su acceso a nuevos créditos y oportunidades económicas.
La imposibilidad de acceder a productos financieros debido a un reporte negativo, incluso por montos mínimos o deudas ya saldadas, ha sido una barrera significativa para la inclusión financiera y el desarrollo económico de un amplio sector de la población. Con esta decisión, la esperanza de un «borrón y cuenta nueva» se desvanece, al menos por ahora, para quienes esperaban una segunda oportunidad en el sistema crediticio.
Las acusaciones de Ocampo contra la Mesa Directiva de la Cámara, sugiriendo que «le jugó a la banca en Colombia», resaltan la tensión entre los intereses de los sectores financieros y las demandas de la población. Este episodio reabre el debate sobre la influencia de los grupos de presión en el proceso legislativo y la capacidad del Congreso para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.
La decisión de archivar el proyecto, a pesar de su avanzado estado y el amplio respaldo ciudadano, deja un sabor amargo para quienes veían en esta ley una herramienta fundamental para la reactivación económica personal y familiar en el país.
