El presidente Gustavo Petro ha emitido una contundente advertencia a los alcaldes del país, señalando que aquellos que no presenten acuerdos para solucionar el incremento del impuesto predial, en el marco del paro campesino, podrían ser destituidos de sus cargos. La declaración, realizada este lunes 13 de abril de 2026, eleva la tensión en un conflicto que ya cumple cinco días y que ha generado importantes afectaciones económicas en varias regiones del país .
El mandatario se refirió específicamente a los bloqueos concentrados en Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde campesinos protestan por lo que consideran un aumento «expropiatorio» del avalúo catastral y, por ende, del impuesto predial. Petro fue enfático: «Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía» . Además, advirtió al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que su función no es «engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación», instándolo a trabajar con los alcaldes en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales .
El presidente fijó un plazo perentorio, indicando que «hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Santander y demás puntos donde ocurra» . Según Petro, la responsabilidad de ajustar las tasas del predial recae en los alcaldes y concejos municipales, y no en el gobierno nacional, desmintiendo así la percepción de que el problema es una cuestión central .
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) ha respondido a estas declaraciones, aclarando que los avalúos catastrales se están realizando en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Esta ley ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo que sugiere que los alcaldes están actuando bajo un mandato legal preexistente .
Expertos jurídicos consultados por El Tiempo han cuestionado la facultad del presidente para destituir directamente a los alcaldes. Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general, afirmó que «El Presidente no tiene ninguna autoridad jurídica para hacer esto», sugiriendo que, en caso de irregularidades, debería interponer una denuncia ante la Procuraduría o la Fiscalía . Por su parte, el abogado Fabio Humar calificó las declaraciones como «graves y peligrosas», enfatizando que la destitución de alcaldes es competencia exclusiva de la Procuraduría, la jurisdicción penal o los procesos de revocatoria ciudadana, y no del ejecutivo .
El paro campesino ha tenido un impacto económico significativo. Alianza por Santander estima pérdidas diarias de aproximadamente 120.000 millones de pesos, afectando el abastecimiento, el empleo y la prestación de servicios esenciales. Fenalco, el gremio de comerciantes, calcula que cada día de paro frena entre el 0,3% y el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) mensual de Santander
