La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, dentro del proceso por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El ente acusador explicó que las pruebas recaudadas eran “muy precarias” y no permitían sustentar una responsabilidad penal por el presunto delito de prevaricato por omisión. Inicialmente, una fiscal del caso había planteado imputar cargos por supuestas fallas en el esquema de seguridad del dirigente político; sin embargo, las directivas ordenaron retirar la solicitud para evitar duplicidad de investigaciones y actuaciones sin soporte probatorio sólido.
Cambio de rumbo en la investigación
La decisión marca un giro en el proceso y ha reactivado el debate interno sobre la autonomía de los fiscales y la posible influencia de las altas directivas en casos de alto impacto político. Aunque oficialmente se insiste en que existe independencia, fuentes internas señalan tensiones frente a decisiones estratégicas dentro del ente investigador.
Tras el repliegue, la Fiscalía conformó un grupo especial para fortalecer la investigación del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
Avances judiciales
En paralelo, cinco de los nueve procesados avanzan en preacuerdos que contemplan penas superiores a los 20 años de prisión, lo que acelera el proceso judicial.
Entre los implicados figura alias “Gabriela”, quien aceptó cargos y pidió perdón públicamente. Las autoridades sostienen que la estructura criminal operaba desde una cárcel, coordinando homicidios y tráfico de drogas. La investigación también reveló:
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el uso de un menor de edad como sicario,
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coordinación logística desde el interior de un penal,
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vínculos con redes criminales dedicadas al narcotráfico.
El caso continúa en desarrollo y sigue siendo uno de los procesos judiciales más sensibles y de mayor impacto político en el país.
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