Colombia dejó de ser una nación predominantemente joven. El país atraviesa una transformación demográfica acelerada que está cambiando su estructura social, económica y familiar. Las cifras oficiales confirman que el envejecimiento poblacional ya no es un escenario futuro, sino una realidad que plantea interrogantes urgentes sobre el sistema pensional y, especialmente, sobre el cuidado de millones de adultos mayores.
En 2024 se registraron 445.011 nacimientos, la cifra más baja de la última década y un 13,7 % menos frente a 2023, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Paralelamente, la población mayor de 60 años alcanza los 7,6 millones de personas, lo que representa el 14,5 % del total nacional.
El fenómeno responde a varios factores: familias más pequeñas, maternidad postergada y una mayor esperanza de vida. El resultado es un giro demográfico que reduce la base de población en edad productiva y amplía el grupo de personas que demandan atención, protección social y cuidados permanentes.
Un desafío regional con impacto local
El envejecimiento no es exclusivo del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que para 2050 una de cada cuatro personas en la región será adulta mayor. Este escenario implicará menos trabajadores activos sosteniendo a más personas dependientes, presionando los sistemas pensionales y de salud.
En Colombia, la situación se agrava por la alta informalidad laboral. Entre junio y agosto de 2025, la informalidad alcanzó el 55,2 %, según el Dane. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no cotizan al sistema pensional. Actualmente, Colpensiones paga 1,8 millones de mesadas en un contexto donde el número de cotizantes activos tiende a disminuir.
A ello se suma la incertidumbre normativa. La reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, prevista para entrar en vigor en julio de 2025, permanece en revisión por la Corte Constitucional, por lo que el país continúa rigiéndose por la Ley 100 de 1993, sin ajustes estructurales frente al envejecimiento acelerado.
El vacío del sistema de cuidados
Más allá del debate fiscal y pensional, expertos advierten que el mayor vacío está en la ausencia de un sistema nacional de cuidados sólido. Actualmente, la responsabilidad recae casi por completo en los hogares.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo evidencia que las mujeres asumen el 70 % de las labores de cuidado no remuneradas. Dedican en promedio 7 horas y 44 minutos diarios a estas tareas, frente a 3 horas y 6 minutos en el caso de los hombres. Con el aumento de la población dependiente, esta carga —invisible y sin remuneración— tiende a incrementarse.
Especialistas señalan que, sin una política pública robusta, el cuidado se convertirá en una presión directa para los jóvenes de hoy, quienes deberán sostener financieramente el sistema y asumir responsabilidades familiares cada vez mayores.
A diferencia de países como Japón o Alemania, que cuentan con seguros públicos de dependencia, o Uruguay, que desarrolló un sistema nacional de cuidados, Colombia no dispone de una ley específica ni de una estructura institucional consolidada para responder al envejecimiento poblacional.
Proyecciones que aumentan la urgencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la población mayor de 80 años se triplicará entre 2020 y 2050. Este crecimiento implicará mayores niveles de dependencia, demanda de atención especializada y uso de tecnologías de asistencia.
Sin planificación adecuada, esta transformación demográfica podría traducirse en mayor sobrecarga para las familias y en desigualdades más profundas, especialmente para las mujeres. Con política pública, en cambio, podría convertirse en una oportunidad para generar empleo formal en el sector del cuidado.
El envejecimiento de Colombia ya está en marcha. La pregunta que sigue abierta no es si el país cambiará, sino si sus instituciones, su economía y su sistema social lograrán adaptarse a tiempo.
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