La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano.
La decisión fue adoptada mientras la Sala Plena adelanta el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, al considerar necesario evaluar si se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución para este tipo de medidas excepcionales. La suspensión tiene efectos inmediatos y se mantendrá vigente hasta que se profiera un fallo definitivo.
El auto fue emitido dentro del expediente RE-387 y contó con salvamentos y aclaraciones de voto por parte de algunos magistrados, lo que refleja diferencias internas en la interpretación jurídica del caso.
Con esta medida, la Corte busca evitar la aplicación de disposiciones extraordinarias mientras se determina si el Ejecutivo actuó dentro del marco constitucional. El alto tribunal deberá establecer si la situación alegada por el Gobierno constituye una crisis sobreviniente, grave y que no pueda ser atendida mediante los mecanismos ordinarios del Estado.
Entre tanto, el decreto queda sin efectos y el país permanece a la expectativa de la decisión definitiva del máximo órgano de control constitucional.