Por [Jorge Camargo ]
Esta semana Colombia vivió un hecho sin precedentes: un expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Un acontecimiento que marca un hito judicial y político, pero que también desata un debate que va mucho más allá de los estrados.
El fallo, histórico en términos de justicia, llegó justo a un año de las elecciones presidenciales de 2026. Esto no es un dato menor, pues el uribismo sigue siendo una de las fuerzas políticas más influyentes del país. Para muchos, el proceso tiene una carga política evidente: frenar a Uribe y su influencia en el futuro político inmediato.
¿Golpe de la izquierda o error estratégico?
Desde la oposición se señala que el “Petrismo” cometió un error de cálculo. Si bien el fallo puede ser visto como un golpe judicial al líder del Centro Democrático, en la práctica ha reavivado el uribismo. Calles, buses, cafeterías: se siente un ambiente de indignación y solidaridad con el expresidente. La narrativa de persecución política —que Uribe y su equipo han insistido desde el inicio del proceso— ahora tiene más fuerza que nunca.
¿Un gobierno debilitado?
El contexto político tampoco favorece al gobierno actual. El presidente Gustavo Petro llegó con la bandera del cambio, pero hoy enfrenta un desgaste acelerado: disputas internas, escándalos semanales, divisiones con su propio equipo y una pérdida de credibilidad entre la ciudadanía. Lo que prometía ser un proyecto transformador se percibe hoy por amplios sectores como un gobierno sin rumbo claro.
El efecto electoral
Si el objetivo era frenar el ascenso político de Uribe y su partido de cara a 2026, el resultado podría ser el opuesto: un uribismo fortalecido y movilizado, con una narrativa de “persecución política” que resuena fuerte entre sus bases y sectores independientes descontentos con la administración actual.
En definitiva, la condena a Álvaro Uribe puede ser recordada no solo como un capítulo judicial, sino como un punto de quiebre en el escenario político colombiano, donde las urnas de 2026 se convierten en el verdadero campo de batalla de esta confrontación ideológica.
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