La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar en contra de los ministros del gabinete presidencial que firmaron el decreto 639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual se convoca a una consulta popular nacional, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión se adopta tras la recepción de múltiples quejas ciudadanas, en las que se cuestiona la legalidad del decreto y la actuación de los funcionarios firmantes. Pese al fuero del que gozan los ministros, el órgano de control informó que el caso será tramitado por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, conforme a sus competencias constitucionales y legales.
Ministros que no firmaron
Cabe señalar que no todos los integrantes del gabinete estamparon su firma en el polémico decreto. Entre quienes prescindieron de firmar se encuentran:
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Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores
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Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
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Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Luis Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia
Montealegre, en recientes declaraciones, respaldó la decisión del presidente Petro, al señalar que actuó amparado en la figura jurídica de la «excepción de inconstitucionalidad», prevista en la Constitución.
Reacciones y demandas
El acto administrativo ha generado una fuerte controversia jurídica y política. Sectores de la oposición, que ya habían advertido sobre el carácter inconstitucional del decreto, han comenzado a interponer demandas ante el Consejo de Estado. La senadora Paloma Valencia anunció una acción contra los firmantes por el presunto delito de prevaricato.
Asimismo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima reciente de un atentado, también había anticipado medidas legales contra los ministros firmantes del decreto.
Rol de la Procuraduría
La Procuraduría anunció que, como Ministerio Público, intervendrá en todos los procesos judiciales que se deriven del Decreto 639 de 2025. Reiteró su compromiso de garantizar el respeto por la Constitución Política, la separación de poderes y los pronunciamientos de las altas cortes.
Finalmente, el órgano de control hizo un llamado a todas las autoridades y a la ciudadanía a acatar los fallos judiciales que se profieran en el marco de este proceso, recordando que la institucionalidad debe primar en un Estado de Derecho.
