
Una nueva polémica sacude al Gobierno Nacional tras revelarse que Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, uno de los jefes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, permaneció oculto durante 55 días en un hotel de Bogotá, presuntamente bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Alias El Mocho Olmedo, considerado el segundo al mando de esa estructura armada ilegal y solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, fue protegido en secreto, sin notificación a la Fiscalía ni a las autoridades judiciales del país norteamericano.
El hecho fue revelado por medios nacionales y ha desatado un escándalo político y jurídico. La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia ya han iniciado investigaciones para determinar posibles irregularidades y responsabilidades de funcionarios públicos.
🔍 Tensiones diplomáticas y cuestionamientos al proceso de paz
El caso ha generado fuertes críticas desde sectores políticos, sociales y desde el exterior, al considerar que la protección a un presunto criminal de alto perfil vulnera los principios de cooperación internacional y transparencia judicial.
Además, analistas advierten que este tipo de maniobras ponen en entredicho el manejo del proceso de paz y la política de “paz total”, bandera del Gobierno actual.
🗣️ Reacciones
Diversos líderes de opinión y representantes del Congreso han exigido explicaciones inmediatas por parte del Ejecutivo, así como la renuncia de quienes resulten responsables de encubrir a alias El Mocho Olmedo.
Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha expresado su preocupación por la falta de comunicación institucional y ha solicitado claridad en torno al proceso de extradición del jefe guerrillero.
La ciudadanía y la comunidad internacional exigen respuestas claras, transparencia en los procedimientos judiciales y una actuación firme por parte del Estado colombiano ante hechos que comprom