Han pasado más de 16 meses desde que los actuales alcaldes de Casanare asumieron sus mandatos, y en varios municipios empieza a sentirse una creciente inconformidad ciudadana frente a lo que se percibe como una gestión pobre o carente de obras significativas. Este sentimiento no es infundado: la ciudadanía evalúa lo que ve, y lo que aún no es visible o tangible tiende a interpretarse como inacción o falta de liderazgo.
Sin embargo, es necesario ir más allá de la percepción para entender qué está ocurriendo realmente. La falta de resultados visibles en algunos municipios no siempre responde a negligencia, sino que obedece a una serie de factores estructurales que siguen limitando la capacidad de acción de los gobiernos locales.
Primero, la planeación tardía y la burocracia siguen siendo cuellos de botella frecuentes. La estructuración de proyectos, su aprobación ante entidades nacionales como el DNP o el Sistema General de Regalías, y los procesos licitatorios pueden tardar meses, incluso más de un año, antes de ver una primera piedra.
Segundo, las limitaciones presupuestales son una realidad incuestionable. Muchos municipios dependen de regalías petroleras —que no siempre llegan de forma oportuna— o de recursos del nivel central que vienen condicionados a criterios técnicos o coyunturas políticas.
Tercero, la falta de capacidad técnica local es una debilidad histórica. En muchos municipios no se cuenta con equipos sólidos para formular, presentar y defender proyectos viables ante los órganos financiadores. Sin estos insumos, no hay obra que arranque.
A esto se suma un cuarto punto menos visible pero igualmente determinante: el cambio en las prioridades políticas. No todos los alcaldes están apostando por obras físicas. Algunos han decidido enfocarse en programas sociales, atención al cambio climático, salud pública o fortalecimiento institucional. El problema es que estas apuestas, aunque valiosas, no siempre se traducen en resultados concretos a corto plazo ni en el tipo de “gestión visible” que espera la comunidad.
Finalmente, está el talón de Aquiles de muchas administraciones: la comunicación institucional. A veces sí hay gestión, contratos en curso, obras en planeación, convenios firmados… pero el ciudadano no lo sabe. Y si no se comunica, no existe.
A pesar de este panorama, hay que reconocer que sí se han ejecutado acciones relevantes desde el nivel departamental. Bajo el liderazgo del gobernador César Ortiz Zorro, Casanare ha visto avances sustanciales:
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Más de 2.000 km de vías intervenidas.
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330 alcantarillas y 10 puentes construidos.
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$114.000 millones invertidos en acueductos y saneamiento básico.
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150 km de fibra óptica y 307 zonas WiFi instaladas en zonas urbanas y rurales.
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Proyectos de alto impacto financiados con regalías, como el puente peatonal sobre el río Ariporo y nuevas aulas escolares.
Estos datos reflejan una realidad que contrasta con la percepción generalizada de estancamiento. Por eso, más allá de exigir obras —una exigencia legítima y necesaria—, es clave que los gobiernos locales mejoren su capacidad de ejecución, fortalezcan sus equipos técnicos y, sobre todo, comuniquen con claridad lo que están haciendo y lo que aún está en camino.
Porque en la gestión pública no basta con hacer: también hay que saber contarlo.
