Una grave revelación ha sacudido a las Fuerzas Armadas de Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, denunció públicamente que miembros activos del Ejército y la Policía Nacional estarían colaborando con el denominado «plan pistola», una estrategia criminal impulsada por el Clan del Golfo y grupos guerrilleros, cuyo objetivo es asesinar a uniformados.
En una entrevista concedida al diario El Tiempo, el ministro fue enfático:
«Hay delincuentes dentro de nuestra organización, y contra ellos caerá todo el peso de la ley.»
Según Sánchez, los infiltrados estarían entregando información altamente sensible —nombres, direcciones, rutinas y ubicación de familiares— para facilitar ataques directos contra sus propios compañeros.
El ministro confirmó que varios de estos colaboradores ya han sido plenamente identificados, y que en los próximos días se emitirán órdenes de captura.
«La justicia no tendrá contemplaciones», advirtió.
En Sincelejo, al menos 20 uniformados están bajo investigación por presuntos vínculos con el Clan del Golfo, y se sospecha incluso de la participación de altos mandos, incluyendo oficiales con rango de coronel.
La precisión con la que se están ejecutando los ataques ha generado una profunda preocupación nacional. Solo en abril de 2025, el “plan pistola” cobró la vida de al menos 20 policías y 4 soldados, cifras que reflejan la magnitud de la infiltración y la vulnerabilidad institucional.
Expertos en seguridad han advertido que esta clase de traiciones desde el interior no solo pone en riesgo la vida de miles de hombres y mujeres de la Fuerza Pública, sino que debilita gravemente la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados ilegales, especialmente en una etapa crítica de disputa por el control territorial.
Ante la magnitud de esta crisis, la ciudadanía exige con urgencia medidas contundentes, transparencia absoluta y un proceso profundo de depuración institucional que permita restaurar la confianza en quienes juraron proteger a Colombia.
