En los últimos días, se ha evidenciado una creciente tensión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Este enfrentamiento se ha manifestado en varios aspectos clave:
Órdenes de allanamiento a dispensarios médicos
El presidente Petro denunció el presunto acaparamiento de medicamentos esenciales, como la insulina, por parte de algunas entidades promotoras de salud (EPS). En respuesta, instó a la Fiscalía y a la Policía a realizar allanamientos en las bodegas de estas entidades para investigar la situación. Sin embargo, la fiscal Camargo recordó que, según la Constitución, solo la Fiscalía tiene la competencia para ordenar allanamientos y que tales decisiones deben basarse en investigaciones previas y pruebas concretas. El
Investigación del caso ‘Papá Pitufo’
El escándalo relacionado con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, ha generado controversia en el país. Marín, acusado de contrabando y corrupción, ha sido vinculado a intentos de soborno a funcionarios de la policía aduanera. El presidente Petro ha expresado su preocupación por la aparente falta de avances en esta investigación, sugiriendo que la Fiscalía está «paralizada» y que la corrupción podría quedar impune. Por su parte, la fiscal Camargo ha defendido el trabajo de su entidad, asegurando que las investigaciones avanzan según los procedimientos establecidos.
Competencias institucionales y separación de poderes
Este intercambio de declaraciones ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía. La fiscal Camargo ha enfatizado la importancia de respetar las competencias de cada institución y la necesidad de que el presidente tenga claras las atribuciones de la Fiscalía, subrayando la separación de poderes en el Estado colombiano.
Este escenario refleja los desafíos en la relación entre el gobierno y los órganos judiciales, resaltando la importancia de la colaboración y el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático en Colombia.
