La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la información que sustentó el aumento de 5.36% al valor de la UPC para el año 2025; luego de que distintas asociaciones, entre ellas de propios pacientes, cuestionaran el incremento y lo consideraran insuficiente (planteaban un mínimo del 17%).
La Procuraduría, además de requerir los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio (que interviene en el análisis para determinar el valor), pidió las actas de las reuniones y si se aplicaron mecanismos de retroalimentación, así como “las bases de datos que contengan el análisis de la información entregada por las EPS tanto del régimen contributivo y el subsidiado”.
Asimismo, tras el reclamo y la preocupación que han expresado distintas organizaciones de pacientes y prestadores del servicio, desde la Procuraduría se recordó al Ministerio de Salud que la definición del valor que se pagará para financiar la salud de las personas sea el resultado de un análisis “integral”, “técnico” y “representativo”.
“La entidad advierte que se debe permitir superar la crisis financiera que enfrenta el sistema y que incide en la escasez y falta de suministro de tratamientos y medicamentos, así como en el cierre de servicios por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”, indicó el ente de control.
Asimismo, la cartera de salud tendrá que informar si se contemplan “nuevos ajustes” tras la información aportada a la fecha.
